La caída de la fecundidad, el aumento de la longevidad y los desafíos en pensiones y cuidados han llevado los cambios sociodemográficos al centro de la discusión. Hasta hace poco, el envejecimiento se abordaba como un problema de las personas mayores. Hoy compromete a toda la sociedad. Pero reconocer esta transformación no significa estar preparados.

La Octava Encuesta Nacional sobre Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores en Chile 2025 es reveladora: un 84% respondió que el país estaba “poco” o “nada o casi nada” preparado para atender las necesidades de una población mayor creciente. En la primera medición (2008), esa cifra era de 59,5%. Luego, en 2011 subió a 78% y, desde entonces, se ha mantenido por encima del 75%. En 2023 alcanzó un 81,5% y en 2025 el ya mencionado 84%, el registro más alto obtenido.

La percepción importa porque la demografía avanza rápido. En 2025, la fecundidad descendió a 0,99 hijos por mujer y en 2026 hay cerca de 92 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15. Esto modifica las familias, las relaciones entre generaciones, las necesidades de cuidado, las trayectorias laborales y los sistemas de salud y previsión.

Aquí aparece una paradoja difícil de ignorar: hemos prolongado la vida mucho más rápido de lo que adaptamos las condiciones sociales para vivirla. La longevidad es un logro, pero tensiona instituciones concebidas cuando las vidas eran más breves y la estructura por edades muy distinta.

Ya no se trata solo de cuánto envejece un país, sino de su capacidad de adaptación. El Estado tiene responsabilidades indelegables: deben adecuarse los sistemas de salud, previsión y cuidados, pero también los municipios, universidades, empresas, el transporte, la vivienda y la planificación urbana.

Entre el Estado y las personas están la sociedad civil y las redes comunitarias. Allí se generan reciprocidad, reconocimiento, participación y pertenencia: vínculos que ninguna institucionalidad puede sustituir. Las responsabilidades son compartidas, pero no equivalentes ni sustituibles.

Vivir en una sociedad longeva supone cuidar la salud, seguir aprendiendo, cultivar redes y pensar cómo queremos vivir en edades avanzadas. Pero sería un error convertir esa preparación en una obligación individual. Las personas no pueden crear sistemas de cuidados, garantizar pensiones suficientes ni disponer de ciudades accesibles. Prepararse exige actuar en distintos niveles.

Las instituciones cambian lentamente y todavía más puede tardar el reconocimiento de sus efectos en la experiencia cotidiana. La demografía puede avanzar más rápido que las instituciones y estas, a su vez, más rápido que las percepciones sociales. El riesgo es llegar tarde con las políticas, los vínculos y las formas de convivencia.

Chile está en ese punto. El cambio demográfico dejó de ser una proyección distante. El desafío no corresponde solo al Estado, las familias o cada individuo: requiere instituciones que respondan, comunidades que se activen y personas que proyecten vidas más largas.

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