Por Ignacio Rodriguez y Pablo Vommaro

México es un país históricamente marcado por la desigualdad socioeconómica, es la economía número 16 de 189 países si se considera el tamaño del Producto Interno Bruto (FMI, 2017). Si se compara su posición en el Índice de Desarrollo Humano, ocupa el lugar 77 de 188 países y si se ajusta por el índice de desigualdad, cae al lugar 142 (PNUD; 2016). Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2016, el índice de Gini fue 0.504, cifra que se ubica por encima del valor promedio en América Latina (0.467) (CEPAL, 2018). Al mismo tiempo, las estadísticas e indicadores que soportan este artículo, dan cuenta de un sistema previsional excluyente y desigual, destaca que 57.2% de la población ocupada se encuentra en condiciones de informalidad, por lo tanto, no está inscrita a la seguridad social y 71.4% de las personas mayores de 65 años y más no cuentan con una pensión de retiro, por jubilación o vejez.

A pesar de que se reformaron los sistemas de pensiones de las dos principales instituciones de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1995 y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2007, no se logró una mayor cobertura, ni una sustitución adecuada del ingreso y se acentuaron los mecanismos regresivos de redistribución de recur- Desigualdades, exclusión y crisis de sustentabilidad… 144 sos. Las preguntas inmediatas que se derivan y constituyen los ejes de análisis del presente artículo son: ¿Qué ha originado la desigualdad y la exclusión previsional? Si tiene por contexto y condicionante la desigualdad en la que se ha desarrollado la sociedad mexicana, ¿es posible que la concepción, diseño y evolución que ha tenido desde su institucionalización, la determine? ¿Cuál es el modelo previsional que podría conducir a superarla?

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