El debate sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social suele concentrarse en las pensiones de jubilación, pero más del 30% del gasto corresponde a otras prestaciones contributivas si se incluyen las incapacidades que terminan transformándose en jubilación. Un nuevo trabajo de FEDEA, elaborado por el exsecretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granado, plantea actuar sobre ámbitos como la incapacidad temporal, las pensiones de viudedad, los complementos a mínimos y los coeficientes reductores de la edad de jubilación.

Las bajas laborales concentran una de las principales alertas
Uno de los capítulos que más preocupa a Granado es el de la incapacidad temporal (IT). Según los datos recogidos en el estudio, el gasto en estas prestaciones alcanzó los 18.413 millones de euros en 2025, equivalente al 10,4% de los ingresos por cotizaciones, el porcentaje más elevado de la serie analizada.

El incremento también ha sido especialmente intenso en los últimos años. El gasto aumentó en unos 6.000 millones entre 2021 y 2025, frente a los aproximadamente 1.100 millones de incremento registrados entre 2013 y 2015.

El autor considera insuficiente explicar esta evolución únicamente por el funcionamiento del sistema sanitario y propone abordar cambios específicos en la gestión de las bajas.

Entre sus propuestas figura homogeneizar el porcentaje de prestación entre contingencias comunes y profesionales, avanzar en la compatibilidad parcial entre recuperación y trabajo y establecer mecanismos específicos para los procesos prolongados relacionados con la salud mental.

Granado plantea asimismo ampliar la capacidad de las mutuas colaboradoras para intervenir en determinados procesos musculoesqueléticos cuando las comunidades autónomas no concierten esos servicios y establecer mayores cotizaciones para aquellas empresas cuyos complementos convencionales por incapacidad temporal contribuyan a elevar de forma significativa el gasto.

Una Seguridad Social que no se limite a la pensión de jubilación
El planteamiento de FEDEA parte de una idea central: la Seguridad Social no puede analizarse únicamente a través de la pensión de jubilación.

El resto de prestaciones contributivas —incapacidad, viudedad y orfandad, entre otras— representan ya una parte significativa del gasto. Granado defiende que estas prestaciones deberían conservar un mayor vínculo con la lógica del seguro social, de manera que exista una relación entre las aportaciones realizadas y las prestaciones recibidas, combinada con mecanismos de solidaridad y financiación tributaria cuando corresponda.

El documento no propone una reforma concreta de la pensión de jubilación, sino actuar sobre prestaciones y mecanismos que, según el autor, han recibido mucha menos atención en el debate público.

FEDEA ha incluido el trabajo en la documentación de su II Jornada sobre el Sistema Público de Pensiones y Seguridad Social, que se celebrará el 25 de septiembre en la Fundación Ramón Areces.

Granado reclama una nueva Ley General de la Seguridad Social
Otra de las propuestas del estudio es elaborar una nueva Ley General de la Seguridad Social adaptada al marco constitucional de 1978 y que sustituya al actual entramado normativo.

Granado cuestiona algunos elementos heredados de las primeras normas de Seguridad Social y plantea revisar, entre otros aspectos, las reglas de cotización y los límites de las pensiones.

El autor también propone universalizar la obligación de cotizar tomando como referencia la obtención de rendimientos del trabajo y no únicamente la afiliación formal. En esta línea, plantea incluir a colectivos como los mutualistas de clases pasivas.

El estudio también cuestiona que determinados colectivos se incorporen al sistema mediante reglas específicas que permiten reconocer periodos de cotización de manera posterior. Granado considera necesario establecer criterios de equidad para evitar diferencias entre quienes cotizaron en su momento y quienes incorporan posteriormente periodos no cotizados.

La viudedad, otra de las prestaciones que quiere revisar
La pensión de viudedad ocupa otro capítulo destacado del documento.

Granado considera que existe una asimetría en su funcionamiento porque la prestación es compatible con las rentas del trabajo durante la vida activa, mientras que al llegar la jubilación puede verse afectada por el límite máximo de las pensiones públicas o por las reglas de los complementos a mínimos.

El estudio utiliza como ejemplo el caso de un matrimonio agrario con pensiones mínimas para ilustrar cómo una pensión de viudedad generada puede quedar prácticamente absorbida por los límites aplicables.

Como alternativa, plantea estudiar una incompatibilidad parcial entre la pensión de viudedad y determinadas rentas del trabajo durante la vida activa, acompañada de un refuerzo de las cuantías mínimas para las personas viudas que se encuentren actualmente afectadas por los límites.

El autor también reclama revisar el equilibrio entre las prestaciones de viudedad y orfandad. Según los datos incluidos en el trabajo, en 2025 la relación entre el gasto de ambas prestaciones era de aproximadamente 13 euros destinados a viudedad por cada euro destinado a orfandad, frente a una proporción de 14 a 1 en 2005.

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