Por: Gabriel Ugarte & Rodrigo Vergara

Existe consenso en que el principal problema del sistema previsional chileno es que no entrega pensiones
adecuadas para un importante segmento de la población.
El principal indicador que se utiliza para evaluar la eficiencia de un sistema previsional son las tasas de reemplazo, que mide en qué porcentaje las pensiones reemplazan los ingresos laborales. Los estudios para Chile
muestran que las tasas de reemplazo estarían por debajo del nivel de otros países.
El sistema de pensiones chileno ha experimentado importantes cambios a lo largo del tiempo, siendo el último de ellos la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Esta política cambia el mapa de las tasas de reemplazo de los pensionados en Chile. En este contexto se
hace relevante contar con un diagnóstico adecuado de la situación actual de las pensiones del país para una
correcta discusión de la reforma propuesta por el gobierno.
El proyecto presentado por el ejecutivo propone la creación de un Seguro Social financiado con una cotización adicional del 6% que se registrará en cuentas personales (nocionales), introduciendo un factor de
solidaridad, pero que no son de propiedad del trabajador. Los fondos del Seguro Social financiarán tanto los
derechos de pensión según los registros de cada trabajar junto con beneficios inter e intrageneracionales.
En base a los resultados de este análisis es posible concluir que la PGU, tal como se plantea en la reforma
de pensiones, tiene un efecto significativo en las tasas de reemplazo, aunque diferenciado según el nivel de
ingresos. Para el tramo de ingresos más bajo, con salario imponible menor a $430 mil (UF 12,4), la tasa de
reemplazo mediana es de un 124%, al considerar la mediana de los últimos doce meses. Para los dos tramos
de ingresos siguientes la PGU también aumenta de forma significativa las pensiones, con tasas de reemplazo
superiores al 60%.
Sin embargo, todavía existe un porcentaje de la población que se encuentra con tasas relativamente bajas.
Tal es el caso de los últimos dos tramos de ingresos, que tienen tasas inferiores al promedio de la tasa de
reemplazo bruta en los países de la OCDE, particularmente para las mujeres. Los trabajadores con salarios
mayores a UF 37,1, tendrían una tasa de reemplazo mediana de 42%, que llega a 37% en el caso de las mujeres.
En este escenario, es razonable que el foco de la política pública se traslade a los grupos de ingreso medios
y medio-altos, donde la pensión autofinanciada más la PGU no son suficientes para alcanzar los estándares
internacionales.
Esto contrasta con la reforma de pensiones propuesta por el ejecutivo que plantea una redistribución de
cotizaciones desde los trabajadores de mayores ingresos a los que ganan menos, y que deja en una situación
similar a los que están en el medio.
Los resultados de este análisis sugieren que los 6 puntos que contempla la reforma de pensiones presentada
por el ejecutivo podrían perfectamente distribuirse de forma distinta, dando paso a que una fracción vaya a
capitalización individual. Ello permite aumentar las tasas de reemplazo de toda la población, pero en particular de los grupos medios, en el mediano y largo plazo, y a la vez darle sostenibilidad en el tiempo al sistema
de pensiones. En otras palabras, nuestros resultados muestran que, con la PGU, el componente de ahorro
colectivo no requiere la intensidad que se le asigna en la reforma propuesta.

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