Por Catterina Colombo, José Pablo Hernández, David Kaplan & Graciana Rucci 

Los indicadores del mercado laboral dan cuenta de un panorama ambiguo. Por un lado, crecen los niveles de actividad y de empleo, y por otro, persisten el subempleo, la informalidad y la escasa creación de puestos de trabajo en el sector privado y empleos asalariados.

Una de las explicaciones para la insuficiente creación de empleo formal son los altos costos de la formalidad. El costo de contratar a una persona en relación de dependencia se ubica alrededor del 80,5% incluidos los costos tanto para el empleador como para el empleado. Otros problemas relevantes en Argentina son los costos, la duración y la incertidumbre que atañen a los litigios asociados con los conflictos de trabajo. En 2022 se registraron 63.711 juicios en unidades productivas y 1.186 en casas particulares. Del total de casos presentados, 5.174 recibieron una sentencia, es decir, apenas el 8,0% de los casos. Un tercer problema son las fallas en el desarrollo de habilidades de los trabajadores. En 2023, el 79% de los empleadores argentinos manifestó tener dificultades para cubrir las posiciones requeridas.

El buen funcionamiento del mercado laboral requiere distintos tipos de políticas públicas social, laboral, productiva y de formación de capital humano, entre otras con incentivos adecuados para mejorar su eficiencia y efectividad, que subsanen fallas de mercado y externalidades negativas. En ese sentido se presentan una serie de propuestas que pueden agruparse en torno a dos objetivos: i) contar con trabajadores con la formación adecuada, trabajando en los empleos más productivos posibles (desarrollar un sistema de información laboral, productiva y formativa, desde el más alto nivel de liderazgo; construir un ecosistema de desarrollo de habilidades integral y articulado e implementar un seguro de desempleo, conceptualizado como un apoyo a la búsqueda de empleo, entre otras); y ii) generar un entorno laboral que promueva el empleo formal y productivo (reducir el costo de la seguridad social contributiva para asalariados; reducir la conflictividad e incertidumbre asociadas a la regulación laboral, promoviendo la conciliación entre trabajadores y empresas en vez de juicios laborales; y promover una reforma pensional que expanda la cobertura, suficiencia, sostenibilidad, y progresividad del sistema, con mejores incentivos laborales, entre otras).

Fuente BID